La Unión Democrática de Pensionistas, UDP, pide al Gobierno y a los responsables políticos nuevas medidas de financiación del sistema de pensiones que garanticen la recuperación del poder adquisitivo perdido en 2016 y el previsto para 2017.
La organización considera que el sistema de reparto actual condena a los pensionistas presentes y futuros a pensiones cada vez menores, y que es necesario dar entrada a otras fuentes de financiación para que las pensiones puedan mantener su poder adquisitivo.
Para Satur Álvarez, presidente Nacional de UDP, «la suficiencia económica de las personas mayores está garantizada por el artículo 50 de la Constitución. Los necesarios cambios en el sistema de pensiones deben tener en cuenta que la mitad de los pensionistas reciben prestaciones inferiores al salario mínimo, y que en muchos casos, se trata de sus únicos ingresos».
Desde el año 2010 se ha disparado el porcentaje de personas mayores que están ayudando económicamente a sus familias, que en 2016 se situaba en el 44%. Esto quiere decir que cualquier reducción del poder adquisitivo tiene un impacto que llega mucho más lejos que los propios pensionistas y personas mayores. Especialmente, en las pensiones más bajas, que suelen coincidir con estratos de población más desfavorecidos y donde la ayuda a las familias es indispensable.
Por otro lado, y dado el desfavorable escenario demográfico proyectado para los próximos años, se insta a los responsables políticos a adoptar medidas en otros ámbitos, como son:
- La consecución de un Pacto de Estado sobre Pensiones entre las fuerzas políticas que garantice su viabilidad, proponiendo fuentes de financiación alternativas y/o adicionales que eviten la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.
- Promover el mantenimiento de los trabajadores de edad en el mercado laboral, introduciendo nuevas medidas que faciliten, para los que así lo deseen, la compatibilidad entre seguir trabajando y cobrar una pensión.
- Realizar las reformas estructurales necesarias para que disminuya la tasa de desempleo a los niveles medios europeos, aumentando así la población ocupada, los salarios y las cotizaciones.
- Fomentar el empleo juvenil y proporcionar apoyos a la natalidad estableciendo nuevas medidas protectoras para las familias y la crianza de los hijos, así como favorecedoras de la conciliación laboral y personal.
«El envejecimiento de la población en España debe ser considerado como una cuestión de Estado, y se deben proponer políticas y estrategias de actuación globales que permitan actuar sobre los escenarios ya anticipados desde hace tiempo.» concluye Satur Álvarez.