El Pacto de Toledo trabaja a pleno rendimiento para buscar recomendaciones que den solución al problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones. Ya han comparecido, además de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, representantes de CEOE, CEPYME y CCOO y los expertos en pensiones Santos Ruesga, Ignacio Zubiri y José Antonio Herce.
Cepyme aboga por adelantar la implantación de la edad de jubilación a los 67 años
Teresa Díaz de Terán, directora de Relaciones Laborales de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), expuso el punto de vista de la patronal de las pymes ante una eventual reforma del sistema de pensiones.
La patronal de la pequeña y mediana empresa aboga por adelantar el calendario de la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Es decir, que las reformas paramétricas como retrasar la edad de jubilación desde los 65 a los 67 en lugar de culminarse en 2027, se haga a un ritmo mayor.
Cepyme propone también que se acelere la ampliación de 15 a 25 años del plazo computable para establecer la cuantía de la pensión y la ampliación de 35 a 38 años y medio de los años trabajados necesarios para optar al 100% de la pensión.
Teresa Díaz de Terán, representante de Cepyme, ha explicado que con estas medidas se conseguiría una mayor proporcionalidad entre la pensión y el esfuerzo de cotización previamente realizado. “Adelantar el calendario urge por los datos que refleja actualmente el sistema”, ha dicho Díaz de Terán.
También de cara a la sostenibilidad, Cepyme propone avanzar en la separación de fuentes de financiación. “Las cotizaciones deberían dejar de financiar los gastos que no son contributivos”.
Asimismo, Cepyme asegura que es necesario mejorar la colaboración con las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social e incluso estudiar la posibilidad de que las mutuas puedan dar el alta médica en casos de incapacidad temporal. Además, habría que impulsar la previsión social complementaria.
Para CEOE subir las cotizaciones podría perjudicar la creación de empleo
Jordi García Viña, director de relaciones laborales de la patronal CEOE, en su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, ha rechazado la idea de aumentar los tipos de cotización para mejorar los ingresos de la Seguridad Social y ha advertido que provocaría una caída en los salarios. Además, la CEOE entiende que sería un riesgo para la creación de empleo.
Apuesta por no quitar los topes a las bases máximas de cotización y sí aumentar los requisitos para la jubilación, como la edad de acceso y el periodo de carencia. Por otra parte, propone aumentar las aportaciones del Estado y separar las fuentes de financiación de las prestaciones contributivas y no contributivas.
“Hay que hacer crecer la población por la vía de más políticas públicas a las familias”
Añade Viña que desde la CEOE son defensores del sistema público de pensiones y que “han de ser suficientes en su cuantía y sostenibles para el Estado. Pero esto no quiere decir que no requieran cambios o la intervención o la colaboración de agentes privados”.
Aborda los problemas sobre pensiones desde tres puntos de vista. En primer lugar, si el problema es demográfico “hay que hacer crecer la población por la vía de más políticas públicas a las familias y estimular la tasa de reposición entre padres e hijos”.
Como segundo planteamiento, para Viña es fundamental fomentar la creación de empleo, “para fomentar la contributividad “ y, recuerda “son las empresas privadas, no las públicas, las que crean empleo”.
En tercer lugar, hay que luchar contra la economía sumergida “como insolidaria e improductiva”, además de separar lo que es contributivo de lo que no lo es. En otros países europeos, parte de los gastos no contributivos se financian con otras partidas mediante trasvases que alivian las arcas de la Seguridad Social.
Plantea Viña que los distintos regímenes de la Seguridad Social deben ser totalmente autosuficientes, intentando que los distintos regímenes no tengan transferencias.
CCOO propone subir dos puntos las cotizaciones sociales
Ignacio Fernández Toxo ha comparecido ante la Comisión del Pacto de Toledo en calidad de secretario general de Comisiones Obreras. El sindicato comparte la opinión de otros representantes en cuanto a que “el sistema de pensiones no está en peligro” y asegura que el reto actual es “asegurar que las pensiones sean de calidad”.
Para solventar “los problemas de financiación” que afronta el sistema, Toxo ha propuesto actuar sobre los ingresos.
Entre las propuestas del sindicato CCOO se incluyen subir las cotizaciones empresariales en dos puntos. Además, habría que incrementar la base máxima de cotización, así como incrementar la base mínima al estar ligada al salario mínimo interprofesional, que debería llegar a 920 euros al mes al final de la legislatura.
El incremento de las cotizaciones empresariales supondría unos ingresos de 7500 millones de euros, que se duplicarían según sus cálculos si se incrementasen las bases máximas y mínimas de cotización.
Otras propuestas de CCOO pasan por “reducir al máximo las bonificaciones y las reducciones en la cotización, limitándolas a las que benefician a colectivos muy concretos como víctimas de violencia de género y discapacitados”.
Además, Comisiones propone que el Estado asuma los gastos de gestión de la Seguridad Social, medida por la cual el sistema podría ahorrar 3825 millones de euros, según Fernández Toxo.
Por otra parte, Toxo ha recordado que “la lucha contra la economía sumergida podría suponer 6.300 millones de euros más”.
En conjunto, estas medidas, estima el sindicato, podrían sumar un 6,3% del PIB a los ingresos que se deben destinar a pensiones.
Ruesga: «O aumentamos ingresos contributivos o buscamos ingresos de tipo fiscal»
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Santos Ruesga, experto en pensiones, participó ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, para ofrecer su punto de vista sobre los futuros retos del sistema español de pensiones.
Como problemas de corto plazo destaca el déficit de la Seguridad Social iniciado en 2012 y el inminente agotamiento del Fondo de reserva previsto para 2017. El profesor propone buscar otro tipo de ingresos tanto a corto como a largo plazo. La vinculación del sistema productivo español supone una repercusión negativa en las pensiones por la escasa capacidad de aumento de productividad y el exiguo aumento salarial previsto a medio plazo. Ruesga propone suprimir el coeficiente de revalorización de las pensiones (IRP) y vincularlas al IPC como anteriormente o a la evolución del PIB.
Expone Ruesga que el escenario a horizonte 2050 es de 15 millones de pensiones frente a los nueve millones actuales. Por tanto, si el objetivo político es no hacer cambios sustanciales en el sistema de pensiones, este incremento de gasto obligará a un aumento de los ingresos entre 3 y 4 puntos del PIB o a una drástica reducción de la pensión media, cifrada en torno al 30%. Ante este escenario, los ingresos contributivos no cubrirían los gastos y el plantea dos opciones: “o aumentamos los ingresos contributivos o buscamos ingresos de tipo fiscal o tributario”.
Sobre las últimas medidas propuestas en las pensiones de viudedad o en las subvenciones a la contratación las define como no efectivas, “al ser traslación de gasto de una partida presupuestaria a otra. No son medidas profundas ni tocan la estructura”.
Ruesga plantea como medidas concretas y siempre que el objetivo sea mantener la suficiencia de las pensiones: aumentar el presupuesto de financiación de la Seguridad Social, elevando uno o dos puntos las cotizaciones o en segundo lugar, incrementar la financiación estatal a través de los presupuestos y establecer modificaciones en el entorno fiscal, bien a través de figuras impositivas nuevas o por modificación de las existentes.
En el entorno fiscal, como figuras impositivas nuevas Ruesga sugiere algunas ya establecidas en otros países del entorno europeo como son el “Fat Tax”( tipos que afectan a la salud de las personas como ya existen al alcohol y al tabaco); o activar impuestos que trasladan la solidaridad al conjunto de la población y no solo a la población activa.
Como modificación en los impuestos ya existentes añade la opción de vincular las pensiones con el patrimonio de los pensionistas o bien actualizar impuestos como el de transmisiones patrimoniales o el del patrimonio.
Ruesga termina su intervención sugiriendo que estos son los escenarios siempre que no se plantee modificación sustancial del sistema, con puede ser un modelo alternativo de capitalización.
Zubiri apuesta por acudir a los impuestos para financiar las pensiones
Ignacio Zubiri, catedrático de Economía Aplicada y Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, considera que el problema del sistema de pensiones es que “si se queda como está, va a provocar pensionistas cada vez más empobrecidos”.
La solución que propone pasa por “inyectar ingresos en el sistema vía impuestos”. “A corto plazo, se podría recurrir al endeudamiento”, asegura. “Después, habría que subir las cotizaciones de los trabajadores tres puntos y la de los empresarios un punto. A cambio, habría que garantizar que los trabajadores van a cobrar una pensión digna».
“También se podría crear un nuevo impuesto que aglutinara los impuestos al capital y que permitiría recaudar unos 11.000 millones de euros”. “Y si se redujese el fraude a la mitad, tendríamos 15.000 millones más”.
Los ingresos adicionales también podrían venir, según el catedrático, de quitar los topes a las bases de cotización y hacer más efectiva la recaudación por IRPF (“que no subir los tipos”, ha puntualizado).
Ignacio Zubiri considera que sería la manera de cambiar de modelo y pasar a “un modelo social en el que la sociedad decide el nivel de pensiones que quiere gastar, y no se vincula con los ingresos que se tienen en el sistema”. “Muchos países financian total o parcialmente sus pensiones con impuestos”, apunta. “Es el caso de Luxemburgo, Reino Unido o Irlanda”.
En conjunto, Zubiri propone llegar a invertir el 15% del PIB en pensiones. “No sería tanto, siendo un país rico. Tenemos esa capacidad”. En la actualidad, se destina el 12,5%.
Herce: “El ahorro debería complementar la pensión pública”
“El sistema de pensiones español es sostenible. La Seguridad Social pagará pensiones siempre”, ha afirmado José Antonio Herce, experto en pensiones, ante el Pacto de Toledo.
“Con una inflación del 2% y una subida tope del 0,25% relacionada con el índice de revalorización, los pensionistas pierden un 1,75% de poder adquisitivo cada año. Nominalmente, la pensión será mayor, pero el poder adquisitivo real, no. Subir la edad de jubilación puede paliar esto algo, pero no mucho”. Aún así, Herce ha recordado que hay países como Suecia donde actualmente ya se debate retrasar la edad de jubilación hasta los 75 o los 80 años.
Ante pensiones insuficientes, “puede proponerse una segunda renta de jubilación, que puede ser pública o privada. Tendríamos que ver con qué recursos se paga”. “Una segunda renta privada podría pagarse con patrimonio o con ahorro. Quizá no se trate de ahorrar más, si no de ahorrar mejor, ya que hoy mucha gente ahorra sin saberlo, al pagar su hipoteca”.
A corto plazo, “habrá que obtener recursos extraordinarios en el marco de la estabilidad presupuestaria, bien vía impositiva o solicitando créditos extraordinarios”.
Con vistas al medio plazo, “habría que instrumentar cuanto antes las cuentas nocionales de contribución definida. Son cuentas individuales que le dirían a cada cotizante cuánto le correspondería si se capitalizase su contribución obligatoria”.
A largo plazo, según el experto, “deberíamos repensar la edad de jubilación. Quizá debería establecerse la esperanza de vida y a partir de ahí, restar los años que consideremos: 82 menos 15, menos 20…”.
“El ahorro previsional a largo plazo o los ahorros en forma de activos inmobiliarios deberían complementar la pensión pública”, ha dicho.
Otra posibilidad apuntada por Herce son las pensiones ocupacionales para asalariados y activos, que funcionan en Reino Unido y que son planes de pensiones de empresa a los que pueden incorporarse los trabajadores mientras sigan acogidos al sistema estatal básico de pensiones. Son una garantía de protección en el caso de que, en un futuro, el plan privado por el que hayan optado fracase o no alcance los resultados esperados.