Por otro lado, del informe sorprende el hecho de que las residencias sí tengan un Plan de Contingencia establecido individual y adaptado a las características de cada centro, y que las Comunidades Autónomas no hayan establecido criterios o pautas comunes.
Además, explica Cinta Pascual, “es importante señalar que, la realidad afecta tanto a centros públicos como privados o concertados”, puntualizaba la presidenta del CEAPs recordando además que el 70 por ciento de las plazas son públicas en España y financiadas a través de la Ley de Dependencia.
“Hemos realizado este informe tras varias reuniones internas y ver la disparidad de criterios ofrecidos por las distintas CCAA para responder ante la pandemia. Es necesario dar respuesta a las carencias y para eso hay que saber qué es lo que se está haciendo y qué mejorar. Nuestro objetivo siempre ha sido y es el de colaborar y ser agentes del cambio”, explica Cinta Pascual.
EPIS Y PCR
La disparidad de criterios se manifiesta en la dotación a los centros de equipos de protección y de tests. Si bien hay comunidades como Cantabria, Cataluña o Castilla La Mancha que los facilitan indistintamente a personas usuarias y profesionales, otras regiones como País Vasco o Comunidad Valenciana sólo los entregan a los segundos y otras, como Madrid, Galicia, Aragón o Andalucía, a ninguno de ellos.
Destaca el hecho de que Castilla y León que sí las suministró hasta el mes de junio, dejase de hacerlo en ese momento dejando a las entidades la responsabilidad de dotarse por sí mismas, ya que así lo establece por Ley (más allá del criterio de prudencia y prevención que debe regir en toda organización donde convivan un número importante de personas vulnerables.
En el caso de los PCR sí hay algo que comparten todos los territorios: los reingresos o nuevas altas en residencias así como la contratación de nuevos profesionales no puede realizarse sin haberse realizado un test con anterioridad, en un plazo máximo de 3 días. Pero lo que sí varía es quién se hace cargo de estos PCR ya que hay regiones en las que nadie los financia o facilita dejando en un limbo a las personas mayores que quieren y/o necesitan vivir en un centro especializado.
