Licenciado en Derecho y diplomado en el Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, Garcés es inspector de Finanzas de Hacienda del Estado e interventor y auditor del Estado. Ha sido consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón y presidente de la Corporación Empresarial Pública de Aragón.
Además, ha sido auditor nacional en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría (Ministerio de Economía y Hacienda), en el periodo comprendido entre 2004 y 2011, así como profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid y vocal asesor del presidente del Gobierno de España (2000-2004).
También ha ejercido la presidencia de la Asociación de Interventores y Auditores del Estado (2009-2011), vicepresidencia de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado (FEDECA) (2009-2011), y ha sido auditor nacional en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría.
Garcés tendrá que seguir abordando el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y conseguir reducir la lista de espera. Según datos a 30 de septiembre, tres de cada diez personas con derecho reconocido a recibir una prestación por una situación de dependencia reconocida no reciben todavía ningún tipo de ayuda por parte del Sistema. Así, son 363.216 los dependientes reconocidos que permanecen en lista de espera para recibir prestaciones solicitadas, según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad actualizados a fecha del 30 de septiembre. En total, el número de personas que reciben prestación se sitúa en un total de 847.747 personas que reciben 1.047.898 prestaciones.
Garcés, junto con la ministra de la cartera de Sanidad, Dolors Montserrat, será el encargado de liderar un Pacto de Estado contra la violencia de género, con el objetivo de reducir el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y, concretamente, el de aquellas que habían presentado denuncia previa contra su agresor, que son el 42,8% de los casos.
Este pacto, probablemente, deberá contemplar, como ya ha reclamado el Congreso de los Diputados, la apertura de la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género a otras formas de violencia como las agresiones sexuales, la trata con fines de esclavitud, el matrimonio forzoso o la mutilación genital femenina que por tener lugar fuera del ámbito de la pareja no figuran en la Ley pero que deberán ser incluidas para cumplir el Convenio de Estambul ratificado en 2014 y las recomendaciones de la ONU, que pide al Estado ambición en este sentido.