El profesor José Ignacio Ruiz-Conde, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la FEDEA, ha analizado en un interesante ensayo la situación actual de las pensiones y las perspectivas de futuro. En él se cuenta muy a las claras la preocupante situación en la que estamos, y la necesidad de coger ¡ya! el toro por los cuernos.
Destacamos aquí algunos de los datos más significativos que se presentan en el escrito.
Hay que tener en cuenta que el sistema de pensiones es el único derecho del Estado del bienestar que afecta, de forma directa y en todo momento, a todos los individuos de una economía: bien porque están recibiendo una pensión (los jubilados) o bien porque están contribuyendo al sistema de pensiones y devengando el derecho a recibir una pensión en el futuro (los trabajadores). Es decir, cualquier cambio en el sistema de pensiones afecta a todos los ciudadanos, de una o de otra forma.
No es fácil encontrar información pública sobre la parte contributiva del sistema de pensiones, pero, según los cálculos de Devesa, Doménech y Meneu el déficit se ha ampliado hasta los 17.417 millones en 2015. Esto significa que, en la actualidad, de cada 100 euros de pensiones, los ingresos cubren 87,1 euros, mientras que los 12,9 euros restantes se financian mediante déficit. Con estos números, a nadie le extraña que hayamos dilapidado el Fondo de Reserva en los últimos años.
Población
Según el INE, en las próximas cuatro décadas, habrá 8,7 millones menos de personas en edad de trabajar (entre 16 y 66 años) y, al mismo tiempo, 8 millones más de personas mayores de 67 años (el peso de los octogenarios en la población total se triplicará hasta alcanzar el 18% del total).
Además, España tiene una mayor esperanza de vida que otros países industrializados, tanto al nacer como a los 65 años; una de las tasas de fecundidad más bajas de los países desarrollados, con 1,32 hijos por mujer en edad fértil; y el proceso de envejecimiento en España avanza con cierto retraso respecto a otros países industrializados.
La combinación de estos tres factores va a suponer que, en las próximas décadas, España tenga una de las tasas de dependencia más elevadas del mundo. La tasa de dependencia es la ratio entre la población mayor de 65 años y la población en edad de trabajar (16-64 años). En concreto, la tasa de dependencia pasará del 27,6% actual a casi el 76% en las próximas cuatro décadas, mientras que la media de la UE no superará el 50% en el mismo período.
Las reformas realizadas
La reforma de 2011, tan solo fue capaz de solucionar un tercio de los problemas de sostenibilidad financiera futura. La reforma de 2013 introdujo un factor de sostenibilidad y un nuevo índice de revalorización de las pensiones. Si la evolución de la esperanza de vida se comporta como lo ha hecho en los últimos años, la introducción del factor de sostenibilidad implica que las pensiones iniciales caerán un 5% cada 10 años.
El factor de revalorización es ineficiente, puesto que, si no se emprenden nuevas reformas, durante mucho tiempo los ingresos van a resultar insuficientes para financiar los gastos, de modo que la sostenibilidad se va a conseguir subiendo las pensiones tan solo un 0,25% al año. Así, en cuanto el BCE consiga su objetivo de inflación del 2%, las pensiones perderán un 1,75% de poder adquisitivo cada año. Es decir, este mecanismo proporciona una pensión con un poder adquisitivo menguante en el tiempo ya que, transcurridos 20 años desde la fecha de jubilación, permitirá comprar entre un 30% y un 40% menos de bienes y servicios que en el año de jubilación. Es precisamente esta pérdida de poder adquisitivo constante lo que hace que esta reforma sea políticamente inestable.
Si se cumplen las proyecciones del INE, aunque se logre el pleno empleo, en pocas décadas prácticamente tendremos un trabajador por cada jubilado. Ello significa que, si no se toman medidas, los gastos alcanzarán cerca del 16% del PIB, mientras que los ingresos no superarán el 10%. En otras palabras, en pocas décadas, la relación entre la pensión media y el salario medio (o tasa de sustitución) a los 67 años pasará del 75% actual al 45%. Esta caída vendrá impuesta por la restricción presupuestaria. Estos números tan dramáticos se pueden suavizar levemente aumentando los ingresos. No obstante, si queremos evitar un sistema que congele las pensiones de nuestros jubilados, hemos de ofrecer alternativas de contención del gasto.
Propuestas
El primer paso para reformar el sistema de pensiones es informar y proporcionar dosis de realidad a los ciudadanos. Tras ello, se debería intentar alcanzar un gran pacto nacional por las pensiones para decidir conjuntamente qué camino queremos seguir para nuestro sistema de jubilaciones. La presión por reformar el sistema aumentará en cuanto llegue la inflación. Con la inflación, el nuevo índice de revalorización de las pensiones aprobado en 2013 será el catalizador del cambio. Un cambio necesario, puesto que no tiene lógica económica que todo el ajuste del gasto recaiga en la congelación de las pensiones, que no es otra cosa que la pérdida de su poder adquisitivo.
Caben dos alternativas: transformar el sistema actual en uno puramente asistencial (el Estado proporciona una pensión mínima igual para todos, que necesita complementarse con el ahorro privado) o reforzar el carácter contributivo del sistema (mantener el mismo tipo de sistema que ahora, pero llevando a cabo las reformas que permitan su sostenibilidad).
Sea cual sea el camino que tome nuestro sistema de pensiones, una cosa está clara: en el futuro, la pensión media como porcentaje del salario medio será más baja que en la actualidad. Y ello va a ocurrir incluso aunque se aumenten los ingresos para financiar las pensiones, por la gran intensidad del proceso de envejecimiento. Por tanto, en los próximos años, habrá que prestar más atención a la depreciación del capital humano, lo cual significa que deberemos reciclarnos para aumentar al máximo las posibilidades de estar en activo hasta la mayor edad posible. El aumento espectacular de la longevidad lo hace inevitable. En el futuro, la edad de jubilación se flexibilizará; se permitirá compatibilizar plenamente la pensión con el trabajo y, salvo por causas de fuerza mayor, en general tendremos que mantenernos activos laboralmente hasta edades mucho más avanzadas de las que observamos hoy en día. Y no habrá nada más rentable que nuestro propio capital humano o formación.