El Tercer Sector de Acción Social desempeña un papel esencial en la provisión de servicios, especialmente los que están dirigidos a personas vulnerables y a grupos de población que tienen necesidades específicas. Los modelos de participación del Tercer Sector en la gestión de servicios públicos que hay actualmente en España, no cuentan con un marco normativo adecuado, ni fórmulas de colaboración idóneas entre administraciones y Tercer Sector; las relaciones se caracterizan por la inestabilidad, rigidez y falta de adecuación a las necesidades.
La Organización Plena Inclusión, ha llevado a cabo un estudio con el apoyo de Fresno the right link, en el que se describen modelos y prácticas europeas de participación de las entidades del Tercer Sector en la provisión de servicios públicos, que están funcionando en otros países (Austria, Alemania, Suecia, Italia y Reino Unido) y de las que se pueden extraer lecciones para España, haciendo una serie de recomendaciones operativas que mejoren nuestro marco normativo y las prácticas actuales.
El estudio se presentó el día 14 de septiembre, en una jornada dirigida especialmente a técnicos de los departamentos de las administraciones, responsables de la contratación de servicios sociales, tanto para aquellos que se ocupan de los contenidos técnicos como los de los requisitos administrativos.
El tema es de máxima actualidad y relevancia, dado que próximamente ha de trasponerse al ordenamiento jurídico Español la Directiva Europea de Contratación Pública. Es importante que en la futura Ley de Contratos se prevean todas las posibilidades que se abren en la Directiva, por ejemplo la aplicación de modo transitorio del Régimen simplificado, la aplicación de régimen especial para talleres protegidos mediante contratos reservados o la incorporación de cláusulas sociales. Al mismo tiempo, es importante que en la propia Ley se explicite, tal y como hace la Directiva Europea, que las administraciones públicas pueden utilizar otras fórmulas distintas a la contratación pública, por ejemplo los sistemas de concierto, cuando encomiendan a proveedores privados el desarrollo de servicios sociales.