El Congreso aprueba la reforma de la Ley Electoral para permitir el voto de personas con discapacidad intelectual.
Tras la aprobación del texto definitivo de la reforma la semana pasada en la Comisión Constitucional, el Pleno del Congreso ha aprobado esta histórica modificación de la LOREG, que restituirá el derecho al sufragio a las 100.000 personas que no podían votar por tener modificada legalmente su capacidad, la mayoría de ellas, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
El pasado 18 de octubre, ha sido un día histórico en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. El Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen de la Comisión Constitucional sobre la proposición de ley orgánica para la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que garantice el derecho de sufragio de las personas con discapacidad.
La aprobación de esta reforma legislativa se traduce en que «toda persona podrá ejercer su derecho de sufragio activo, consciente, libre y voluntariamente, cualquiera que sea su forma de comunicarlo y con los medios de apoyo que requiera».
A partir de su entrada en vigor, las personas a las que se les hubiese limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad podrán ejercer su voto.
En este sentido, y a partir de la entrada en vigor de la Ley de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para adaptarla a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad podrán ejercer su voto.
De esa manera, desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados mostramos nuestra satisfacción ante la aprobación de la nueva reforma de la Ley Electoral que reconoce, tras 40 años de democracia, el derecho al voto a todas las personas con discapacidad.
Mi Voto Cuenta
Con esta reforma, la Cámara atiende una demanda histórica de las organizaciones de la discapacidad. Desde hace 7 años,
Plena inclusión –a través de su campaña
#MiVotoCuenta–, ha tratado de concienciar a la ciudadanía y los poderes públicos sobre la discriminación que han sufrido las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sometidas a procesos de incapacitación, a las que se sacaba del censo electoral de forma automática. Lo ha hecho contando con el protagonismo de estas personas, visitando a los políticos de los distintos grupos parlamentarios, lanzando vídeos y sensibilizando a otras como ellas para que reivindicasen este derecho.
De esa manera, para Plena Inclusión el Estado español da por fin respuesta al compromiso de revisión legislativa en este ámbito adquirido al ratificar en 2008 la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 29 establece la obligación de “asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás […] incluida la posibilidad de votar y ser elegidas […]”
Tras esta reforma, a la que ya le falta sólo el formalismo del paso por el Senado y la ratificación final del Congreso, Plena inclusión se volcará en la demanda de que toda la información sobre el proceso electoral sea más comprensible. Pese a que ahora todo el mundo tendrá derecho a votar, continúa habiendo personas que no pueden hacerlo en igualdad de condiciones que el resto.
Recomendaciones de la ONU
El dictamen fue ratificado por unanimidad el pasado 10 de octubre en la Comisión Constitucional, a raíz de la proposición de ley que presentó la Asamblea de Madrid en julio de 2017 tras las directrices que el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas recomendó a España en 2011.
Entre ellas, este órgano de la ONU solicitó revisar «toda la legislación pertinente para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su deficiencia, de su condición jurídica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y a participar en la vida pública en pie de igualdad con los demás». Y, para ello, el Comité pidió al Estado modificar el artículo 3 de la Ley Orgánica núm. 5/1985, que autoriza a los jueces a denegar el derecho de voto en virtud de decisiones adoptadas en cada caso particular. La modificación debe hacer que todas las personas con discapacidad tengan derecho a votar».
En España, hasta el momento, carecían de derecho a voto las personas «incapaces en virtud de sentencia judicial firme» así como «los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el período que dure su internamiento siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio».
Fuentes:
