Autor:
Javier Álvarez Souto. Presidente de la Asociación Meridiano en Común.
El 1 de enero de 2018 en España residíamos 8.905.738 personas mayores de 65 años, el 19,1% del total de la población (46.572.132). En el año 1950 este porcentaje era solo del 7%. En el año 2050 con toda probabilidad superemos el 30% de la población (con casi 13 millones) de los que 4 millones, un tercio, seremos octogenarios.
Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud considera que este fenómeno incrementa de forma importante las necesidades asistenciales, fundamentalmente en su aspecto cuantitativo, dado que el peso de las limitaciones de la funcionalidad entre los mayores es similar al de las generaciones anteriores.
En las generaciones anteriores, los cuidados a largo plazo recaían fundamentalmente sobre la familia, pero el desarrollo socioeconómico, el envejecimiento de la población y la situación más igualitaria de las mujeres, hacen que esta práctica a día de hoy, ya no sea sostenible.
Hasta los años 70 del siglo pasado el tamaño medio de la familia española se mantuvo siempre en torno a 4 personas. En la actualidad no alcanza a 2,5 personas, reduciéndose de año a año. Una cuarta parte de los hogares españoles son unipersonales. Cinco millones de personas residentes en España viven solas de las cuales 2 millones tienen más de 65 años. Entre los hombres mayores el porcentaje de quienes viven solos se reduce al 19,4 mientras que entre las mujeres se eleva al 33,3%. (Informe Mayores UDP. Soledad septiembre 2018)
Aun así 15,8% de la población española está cuidando regularmente a una persona con una dependencia. Este porcentaje se eleva al 25,7% entre las personas de 55 a 64 años, siendo del 13,6% entre las personas de 65 y más años, todavía con un tremendo desequilibrio para las mujeres entre las que se multiplica el porcentaje de cuidadoras.
La mitad de las personas cuidadas por personas de todas las edades son su padre o su madre. Cuando hablamos de los mayores cuidadores la personas cuidada en el 53% de las ocasiones es el cónyuge. (Informe Mayores UDP junio 2014).
Esta drástica reducción de la posibilidad de recibir cuidados por parte de la familia está incrementando por una parte respuestas irregulares, cuidadores sin vínculo afectivo, sin cualificación profesional y sin tan siquiera reconocimiento de sus derechos laborales y por otra, recursos institucionales meramente paliativos, carentes de una planificación y financiación necesarias, que no llegan a atender la demanda existente o la atienden de forma poco adecuada.
En la comparencia del Defensor del Pueblo ante la Comisión de Políticas Sociales y Familia de la Asamblea de Madrid el 5 de marzo de 2018 sobre residencias de mayores, esta institución trasladó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid su preocupación tanto por la insuficiencia presupuestaria que impide que desaparezcan las importantes listas de espera para acceder a una plaza residencial, como por las quejas recibidas de usuarios y familiares, y también de trabajadores, de residencias públicas y privadas en las que ponen de manifiesto, con distintos planteamientos, la pérdida de calidad en la atención a los mayores y se hace mención a la escasez de personal y medios para ofrecer una atención adecuada a personas mayores con un grado de dependencia cada día más elevado.
Ya en octubre esa misma institución había prestado atención a los datos relativos a las largas listas de espera también existentes en el acceso a los servicios y prestaciones del SAAD.
En muchos países, los debates sobre los cuidados a largo plazo se centran en la sostenibilidad de los mecanismos de financiación existente, sostenibilidad que en las condiciones actuales parece cada vez mas difícil, siendo, sin embargo, imprescindible asegurar los cuidados a largo plazo a las personas mayores, incluso para aminorar ese gasto. Pues, como bien indica el mencionado informe de la OMS, el uso de los servicios de salud tiende a bajar después de los 75 años aproximadamente, siempre que se cuente con cuidados a largo plazo como apoyo, destacando igualmente el coste económico de los cuidados informales, cuando estos recaen sobre personas de la familia laboralmente activas. O el coste de la atención de los cuidadores no activos debido al deterioro de su salud.
La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, a través de Asociación Meridiano en Común, donde se reúnen algunos de las personas asociadas a UDP que trabajan en la búsqueda de alternativas que permitan dar una respuesta amplia a esta situación, propone que en esta ecuación se tengan en cuenta los cuidados comunitarios a largo plazo que pueden prestarse las propias personas mayores entre sí, cuando se les aseguran las condiciones que a la vez que les permiten llevarlos a cabo, les asegura una mejor calidad de vida y bienestar, reduciendo de esta forma drásticamente sus riesgos.
Las comunidades de convivencia desarrolladas en los lugares donde se ha venido desenvolviendo la vida de las personas mayores, laboral, residencial o de ocio, permite la implantación de servicios de apoyo informal que reduce de forma drástica las necesidades de servicios profesionales, cuyos gastos por otra parte pueden ser compartidos, aminorándose de esta forma.
En ciudades o localidades de pequeño tamaño estas comunidades no requieren el cambio del lugar habitual de residencia, cosa que sin embargo es imprescindible llevar a cabo en las ciudades de medio o gran tamaño.
En estos casos las construcciones que alojen a estas comunidades, pueden diseñarse de forma que hagan más saludable el ambiente e incorporen tecnologías y espacios que permitan reducir de forma drástica las estancias hospitalarias de sus residentes, facilitando incluso servicios sanitarios a su entorno más inmediato.
Las residencias, siempre que no se trate de un gran dependiente, no tendrían por qué existir. En los años 80 en Dinamarca como respuesta a las necesidades que acarrea el envejecimiento de la población, se consideró inviable atender a la población mayor en residencias, llegándose a prohibir, apostándose por los servicios a domicilio. En el año 96 esa normativa se modificó, dando entrada a comunidades de viviendas con más o menos servicios, o con una mayor o menor asistencia según el deterioro personal, en las que prevalece la independencia, autonomía e intimidad, aunándose el esfuerzo de sus residentes por ayudarse entre sí.
Consideramos que Madrid, España en su conjunto, debe avanzar por esa línea facilitando las administraciones las necesarias garantías para su desarrollo, si queremos no ya responder a las necesidades que genera el envejecimiento de la población, sino además aprovechar en su plenitud la riqueza que este aumento de personas formadas y con experiencia, puede aportar al desarrollo de nuestras comunidades.
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