La Conferencia de Presidentes ha fijado la atención a la dependencia, la atención social y envejecimiento de la población como prioridades de la nación para los próximos años.
En un acuerdo para revisar la financiación autonómica, los presidentes de las diferentes CCAA reunidas en la Conferencia han decidido la creación en el plazo máximo de un mes de una comisión de expertos propuestos por el Gobierno y las comunidades para resolver los aspectos más controvertidos del modelo actual. Uno de ellos es la dependencia. Las siete comunidades presididas por el PSOE presionaron en la reunión preparatoria de la semana pasada para que se incluya de forma específica dentro de la financiación «dada la especial sensibilidad», reconoce el borrador de la Conferencia, que generan los servicios vinculados a la dependencia. Las autonomías del PSOE reprochan que el Estado no cumple con la financiación al 50% de la dependencia y que en general no pasa del 15-20%. También se quejan, aunque en privado, algunas de las principales comunidades del PP.
Se constituirá una comisión en el plazo de un mes abordar la «sostenibilidad» de la dependencia y sus posibles vías de financiación a futuro del Estado. El PSOE instó a Rajoy a mediados de diciembre, en el décimo aniversario de la aprobación de la Ley de Dependencia impulsada por Zapatero, a dotarla de la financiación necesaria.
Creación de una tarjeta social
La duración de la crisis y el grave problema del desempleo (3,7 millones de españoles), unido a la alta precariedad laboral anima a los participantes en la Conferencia a «reforzar» la coordinación entre los programas de los distintas administraciones públicas a través del impulso de una tarjeta social. «La tarjeta social pretende ser una llave de acceso al Registro de Prestaciones Sociales Públicas, que permitirá conocer en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las prestaciones sociales de contenido económico que bajo distintas fórmulas gestionan la Administración General del Estado, las comunidades, las corporaciones locales e incluso ONG», reza el borrador de trabajo de la reunión.
Esta medida no gusta a la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que han manifestado un rotundo rechazo a esta iniciativa por los siguientes motivos:
- Es un gasto inútil: la Tarjeta Social no aportaría ninguna mejora efectiva en el control de las prestaciones y ayudas que perciben las personas desempleadas o las familias más vulnerables, ya que esa información se puede obtener actualmente “en tiempo real” con las bases de datos existentes vinculadas al DNI o al NIE. En el caso de prestaciones que gestionan las CCAA y las entidades locales, estando todas vinculadas al empadronamiento resulta difícil su duplicidad, por lo que tampoco añade utilidad para “coordinar programas de las distintas Administraciones Públicas”.
- Estigmatiza a las personas necesitadas: Sin utilidad real, la Tarjeta Social solo acreditará que su titular pertenece a un “Club de Pobres”. Una vieja aspiración de los sectores más reaccionarios de la sociedad, siempre empeñados en censar y controlar a “los pobres”, y un paso más en el desmontaje de una de las señas de identidad del Estado del Bienestar, su carácter universal, de ciudadanía, estableciendo un nuevo “padrón de beneficencia”, que acredite que “se es pobre” para poder recibir prestaciones sociales. Una vuelta a un pasado no muy lejano, que se prolongó incluso en los primeros años de la etapa democrática en España, donde se nos seguía declarando “oficialmente pobres”.
Un descenso en picado de la población
La VI Conferencia de Presidentes alerta, más allá de factores coyunturales, de los efectos de una baja natalidad, la disminución del número de jóvenes y un «acusado» proceso de envejecimiento. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) dibujan en el horizonte un país de ancianos en el que los hogares de un solo habitante crecerán un 20%. El escenario que se plantea es tan dramático que España perdería en 2066 hasta 5,4 millones de habitantes de los 46,4 millones actuales, equivalente al 11%. Sin que haga falta ir tan lejos, hoy son diez las comunidades autónomas con saldo vegetativo negativo. Y por primera vez en muchos años, en 2015 ha sido mayor el número de defunciones que el de nacimientos. A 1 de enero de 2016 se computaron 99.439 habitantes menos que el año anterior, según el INE (descenso del 2,7%).
Al mayor grado de envejecimiento, ruralidad, dispersión, o migración de la generación mejor preparada en busca de un trabajo acorde a su formación hay que añadir los «desequilibrios demográficos» y territoriales. La consecuencia es que mientras enormes zonas del centro de España se quedan vacías otras se transforman en «grandes zonas urbanas receptoras». Por ejemplo, la previsión es que la Comunidad de Madrid aumente en 331.453 habitantes su población hasta 2031 (incremento del 5,2%). El problema es tan grave en algunas autonomías que representantes de Galicia y Castilla y León (PP) y del Asturias y Aragón (PSOE) han quedado la semana que viene para poner en marcha los estudios de un reto, el demográfico, que amenaza con convertirse en crisis.
Baleares, gobernada por Francina Armengol (PSOE), ha logrado incluir dentro del reto de la planificación demográfica los costes de la población flotante en las zonas más turísticas en la provisión de infraestructuras, de las políticas de vivienda y del Estado del Bienestar.