Unión Democrática de Pensionistas, UDP, ha dirigido a los responsables de los partidos políticos una carta en la que expresan su inquietud «ante la inseguridad que sobre sus pensiones trasladan algunos medios de comunicación».
En el documento la organización manifiesta su malestar porque «nadie desde los partidos representados en el parlamento, ni desde los responsables de las administraciones públicas, ha respondido adecuadamente a las informaciones emitidas…» y afirma que «quienes callan ante las dudas surgidas sobre el futuro de nuestras pensiones están realizando un acto de maltrato hacia las personas mayores».
En el documento remitido, UDP afirma que «la situación creada alcanza el grado de agresión, al atribuir, aunque sea entre otras razones, a las pensiones el incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y de la sanción que por ello la Comisión Europea plantea contra España».
Para la organización, que el agujero de la Seguridad Social crezca en estos momentos de aumento del empleo se debe a la opción del Gobierno de estimular la contratación con reducciones directas de cotizaciones, lo que este año restará 2.500 millones a las arcas del instituto previsor, y a la drástica reducción de los salarios en los nuevos contratos que se están produciendo.
Por otra parte, UDP informa de que desde el año 2010 se ha disparado el porcentaje de personas mayores que están ayudando económicamente a sus familias, que partiendo del 15% en ese año, alcanzo el 60% en el año 2014 y se encuentra actualmente en el 44%. Esto quiere decir que cualquier reducción de las pensiones tiene un impacto que llega mucho más lejos que los propios pensionistas y personas mayores. «Mucho se habla del ajuste y el esfuerzo realizado para encauzar la economía del país, poco se dice del esfuerzo realizado por los mayores que nos lleva a plantear si dicha salida hubiera posible sin el mismo», se afirma en el documento.
El escrito se acompaña de cinco recomendaciones que desde las organizaciones de mayores se hacen a todos los partidos:
- Consecución de un Pacto de Estado sobre Pensiones entre las fuerzas políticas, que garantice su viabilidad, proponiendo fuentes de financiación alternativas y/o adicionales que eviten la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.
- Reactivación urgente del Pacto de Toledo conservando sus atribuciones y competencias originales.
- Promover el mantenimiento de los trabajadores de edad en el mercado laboral, introduciendo nuevas medidas que faciliten la compatibilidad entre seguir trabajando y cobrar una pensión, y penalizando las prejubilaciones forzosas.
- Realizar las reformas estructurales necesarias para que disminuya la tasa de desempleo a los niveles medios europeos, aumentando así la población ocupada, los salarios y las cotizaciones.
Fomentar el empleo juvenil y proporcionar apoyos a la natalidad estableciendo nuevas medidas protectoras para las familias y la crianza de los hijos, así como favorecedoras de la conciliación laboral y familiar.