Según datos de la Oficina del Censo Electoral, el próximo 20 de diciembre, podrán acudir a votar 8.489.353 de electores mayores de 65 años; 2.429.857 cumplirán los 65, a lo largo de la próxima legislatura; y 6.074.932 tienen entre 50 y 65 años. En total cerca de 17 millones de votantes, el 50% del total, tendrán más de 50 años, y, o están jubilados, o se encontrarán en esa situación en el corto-medio plazo.
Conocer las propuestas que incorpora cada partido en sus programas, sobre pensiones, tanto sobre las condiciones de acceso a la jubilación, como las medidas que adoptarán para el sostenimiento del Sistema de Pensiones, es importante para votar informado.
- Consolidar el sistema de pensiones.
- Aumentar la cantidad que da derecho a deducción en el IRPF por las aportaciones a sistemas de previsión social, en los casos en que las aportaciones se realicen conjuntamente por el empleador y el trabajador; y se revisará la forma de cálculo del IRPF cuando se rescaten planes de pensiones.
- Favorecer la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad de jubilación, y promover la compatibilidad entre percepción de la pensión y del salario por actividad laboral.
- Fomentar las iniciativas destinadas a facilitar la gestión de la edad en las empresas, como la adaptación de los puestos de trabajo y la flexibilización de la jornada laboral.
- Desarrollar estrategias de salud y seguridad en el trabajo para asegurar la permanencia en activo de los trabajadores de mayor edad.
- Poner en marcha programas específicos para la reincorporación laboral de los trabajadores mayores de 55 años que sean parados de larga duración.
- Eliminar cualquier muestra de discriminación por edad en el mercado laboral y remover los obstáculos de índole normativa o administrativa que puedan subsistir.
- Reforzar el marco constitucional del derecho a la Seguridad Social.
- Derogar todos los cambios legales introducidos a lo largo de esta legislatura, relativos a la regulación de la jubilación anticipada, la nueva regulación de las Mutuas. Recuperar la centralidad del Pacto de Toledo y del diálogo con los interlocutores sociales.
- Mejorar los ingresos provenientes de cotizaciones sociales a través de la elevación gradual de la base máxima de cotización y de la mejora progresiva de las bases mínimas (vinculada al incremento del SMI).
- Establecer la cotización de los trabajadores autónomos en función de sus rentas o ingresos.
- Atribuir al Estado el coste de las medidas de fomento del empleo, con incidencia en los ingresos de la Seguridad Social, así como la financiación de los gastos que escapan de la lógica contributiva. Incrementar progresivamente la financiación del Estado con la creación de una nueva figura impositiva que tendrá carácter finalista y vinculado a la financiación de las pensiones.
- Reforzar el Fondo de Reserva a través de una mejora de su regulación. Adecuación y suficiencia de las prestaciones
- Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones.
- Incrementar las pensiones mínimas para garantizar los parámetros fijados por el Convenio 102 de la OIT.
- Incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 que no reciban otra pensión pública hasta alcanzar el 60%.
- Recuperar la cotización por jubilación en los supuestos de percepción del subsidio asistencial por desempleo hasta el 125% del salario mínimo.
- Reconocer a todas las mujeres un `bonus´ de dos años de cotización por cada hijo (nacido o adoptado) a efectos del cálculo de las pensiones.
- Reabrir el Pacto de Toledo y consensuar entre todos sus firmantes una reforma del sistema de pensiones que asegure su sostenibilidad, la suficiencia de las pensiones, la transparencia del sistema y su flexibilidad.
- Adoptar medidas que faciliten la transición hacia un sistema de pensiones público moderno, similar al de otros países europeos.
- Adaptar el sistema de pensiones al nuevo escenario demográfico y socioeconómico; pero que en ningún caso puedan darse situaciones de pobreza entre los pensionistas.
- Los ciudadanos recibirán información sobre la pensión que les quedará en el momento de su jubilación. De esta manera, podrán planificar su vida profesional y decidir sobre sus ahorros con décadas de antelación.
- Establecer un sistema flexible de jubilación. Cada persona decidirá a qué edad jubilarse, siempre que se produzca el correspondiente ajuste en función de las cotizaciones realizadas a lo largo de toda la vida laboral. El retraso en la edad de jubilación se implementará de forma flexible con el fin de no discriminar a aquellos trabajadores que se hayan incorporado al mercado laboral a edades más tempranas o ejerzan actividades que exigen un esfuerzo físico.
- Reestablecer la edad de jubilación a los 65 años, y recuperar el sistema de revalorización de las pensiones ligado al índice de precios al consumo (IPC). Derogando, la Ley reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social.
- Garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones con la introducción progresiva de la financiación por vía impositiva, tanto para las pensiones de muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y favor de familiares), que se pagan actualmente con cargo a la Seguridad Social, como para las pensiones contributivas.
- Revisión y progresiva supresión de los regímenes especiales de cotización para nuevas afiliaciones, salvo los que se justifiquen por la propia naturaleza del trabajo.
- Fomento de la previsión colectiva de carácter público frente a la individual y eliminación de los beneficios fiscales para la previsión complementaria individual, como es el caso de los planes de pensiones privados.
- Aumento de las pensiones no contributivas.
- Eliminación del tope máximo a las cotizaciones de los salarios más altos, sin necesidad de incrementar la pensión máxima en similar proporción.
- Revalorización de la pensión mínima. La pensión de jubilación personal o sin cónyuge a cargo será equivalente equivalente al SMI anual; mientras la pensión con cónyuge a cargo será equivalente al 110% del SMI anual. Los complementos necesarios para estos mínimos serán financiados por los PGE.
- Incremento de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social: a partir de 1 de enero de 2016: 3.813 €/mes; del 1 de enero de 2017, incremento anual del 5%. Las pensiones máximas se incrementarán según las posibilidades del sistema. El excedente de cotización sobre la relación cotización máxima/pensión máxima no generará incremento de pensión, pero podrá utilizarse para compensar períodos de no cotización. Se establecerá una Cotización Social de Solidaridad del 2% (1% a cargo de la empresa y 1% con cargo al trabajador) por las percepciones salariales, y en su caso, las donaciones extra salariales que excedan la base máxima de cotización.
- La edad de jubilación se establecerá en 65 años, siempre que se haya cotizado 35 años. Y jubilación voluntaria entre los 60 y 70 años. En todo caso, se alcanzarán los plenos derechos con 35 años cotizados.
- Sustituir las medidas de reducción de las cotizaciones por medidas de bonificación, y su financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, al igual que los programas y gastos de personal de la Seguridad Social que no se corresponden con las pensiones contributivas, y otros gastos de prestaciones sociales y sanitarias.
- Equiparación progresiva de las bases medias de cotización de los Trabajadores Autónomos con los del Régimen General, utilizando como criterio los beneficios de la actividad. El plan se desarrollaría a partir del 2015 en 10 años.